Recientemente, el gobierno aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal, lo cual representa un cambio significativo en la regulación económica y laboral del país. A continuación, exploraremos los principales cambios que afectarán a las empresas, especialmente en la contratación de personal, y cómo estos pueden impactar en sus operaciones diarias.
Modificación en Ganancias y Bienes Personales
El nuevo paquete fiscal establece modificaciones clave en el impuesto a las ganancias. El mínimo no imponible para solteros se eleva a $1.800.000 pesos brutos y a $2.200.000 para casados con hijos. Además, se podrán deducir gastos de alquiler y servicios médicos del impuesto, y estos montos se actualizarán trimestralmente durante este año y de forma semestral en el futuro, basándose en el índice de inflación (IPC).
En cuanto al impuesto a los bienes personales, el mínimo no imponible se eleva a $100 millones de pesos, con alícuotas que se reducen a un rango entre el 0,5% y el 1,5%. Esto representa un alivio fiscal significativo para muchas empresas y empleados, mejorando la capacidad de ahorro y reinversión en el ámbito empresarial.
Cambios en el Régimen de Monotributo
Uno de los cambios más relevantes para pequeños empresarios, autónomos y trabajadores freelance es el aumento de las escalas y montos de facturación del monotributo, que ahora se incrementarán hasta un 400%. Esto permite a los monotributistas facturar más sin necesidad de pasar a un régimen de autónomos o de empresa, lo cual históricamente ha sido un problema debido a la alta carga impositiva y la complejidad burocrática.
Por ejemplo, la escala más baja, la categoría A, permitirá facturar hasta $6.450.000 anuales, lo que equivale aproximadamente a $537.000 mensuales, comparado con los $2,1 millones anuales anteriores. Para la categoría más alta, la K, el monto máximo de facturación se eleva a $68 millones de pesos anuales. Este cambio facilita la vida a muchos pequeños empresarios que pueden evitar subir de categoría y enfrentarse a una carga impositiva desproporcionada.
Mejoras en la Interacción con la Administración Pública
La Ley de Bases introduce un esquema de interacción más eficiente entre los ciudadanos y la administración pública. La burocracia se verá obligada a no pedir documentos o informes que ya hayan sido presentados previamente, y si no responden en el tiempo estipulado, se activará el “silencio administrativo”, otorgando automáticamente lo solicitado. Esto agiliza enormemente los procesos y reduce la carga burocrática que muchas veces paraliza a las empresas.
Cambios en la Situación de los Empleados Públicos
Para las empresas del sector público, la ley también introduce nuevas reglas para los empleados de organismos del Estado sujetos a reestructuración. Estos pueden ser puestos en disponibilidad por un máximo de un año, durante el cual recibirán capacitación o serán asignados a tareas tercerizadas. Si no son reasignados en ese plazo, serán desvinculados con una indemnización basada en su mejor salario mensual y su antigüedad.
Además, se prohíben actividades vinculadas a campañas electorales y partidistas durante el horario laboral, lo cual busca profesionalizar y despolitizar el servicio público.
Relaciones Laborales en el Sector Privado
Uno de los cambios más significativos para las empresas es la introducción de un periodo de prueba de 6 meses para los nuevos empleados, ampliable a 8 meses o incluso a un año, dependiendo del tamaño de la empresa. Además de hacer entrevistas personales en sus oficinas o por videollamada, también un psicotécnico las empresas. Con esta información deben tomar la decisión de contratar a un empleado por el periodo de prueba de 3 meses. La extensión de este periodo permite a las empresas evaluar mejor a los nuevos empleados antes de comprometerse con un contrato definitivo, reduciendo el riesgo de litigios laborales y mejorando la selección de personal. Las marcas emprendedoras serán ampliamente beneficiadas con está situación dada la complejidad de mantener estructuras muy grandes.
Adicionalmente, se plantea la creación de un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones tradicionales. Este fondo sería financiado por un aporte mensual del empleador que no superaría el 8% del salario, lo cual ofrecería una mayor flexibilidad y previsibilidad a la hora de manejar despidos y ceses de personal.
Fomento al Empleo Registrado y Blanqueo de Capitales
La ley introduce un régimen destinado a fomentar el empleo registrado, eliminando temporalmente las multas para aquellos empleadores que no hayan regularizado correctamente su personal hasta la fecha. Esta medida estará vigente durante tres meses desde su implementación y busca incentivar la formalización del empleo y que buscar trabajo no sea una odisea, tanto para empleadores como futuros empleados.
Además, se crea un nuevo régimen de blanqueo de capitales que permitirá regularizar bienes y activos no declarados desde la promulgación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con una posible prórroga hasta el 31 de julio del mismo año. Para montos inferiores a U$S100.000, se podrá hacer sin pagar impuestos, siempre que se mantenga en el sistema financiero argentino hasta el 31 de diciembre de 2025.
Nuevo Régimen para Grandes Inversiones
Las empresas que operen en sectores estratégicos como infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo y otros, podrán inscribirse en un régimen de incentivos para grandes inversiones, siempre que destinen al menos el 20% de su inversión a proveedores locales. Esto busca equilibrar el impulso a la inversión extranjera con el apoyo al desarrollo local.
Impacto en la Infraestructura Pública
La ley establece que todas las obras públicas financiadas por el estado que superen los $10.000 millones serán canceladas, salvo aquellas con un avance de ejecución del 80% o más o que posean financiamiento internacional. Esto podría afectar el desarrollo de infraestructuras críticas, como rutas, hospitales y escuelas, y deberá ser un punto a seguir de cerca para las empresas que dependen de estos servicios.